Acabar con la clandestinidad, legalizando la actividad, es el propósito de la planta de aprovechamiento de plomo reciclado proveniente de las baterías, que se proyecta construir en el Atlántico, con la cual se obtendrían beneficios sociales, ambientales y económicos.

El proyecto, que se encuentra en las fases previas, tendría como sitios de ubicación el corregimiento de Cuatro Bocas (municipio de Tubará) o Palmar de Varela, en ambos casos contiguos a rellenos sanitarios y con usos de suelo autorizados, según precisaron los gestores de la iniciativa, Raúl Bustamante, Luis Eduardo Páez y Luz Elena Suárez Suárez, representantes de Proambientales S.A. y Ecoplanet Ltda.

“Plomo sostenible es el concepto con el cual se ha concebido este proyecto, con un sistema técnico que tendrá la planta no perjudicial para el medio ambiente, la salud humana ni todo lo que tenga que ver con el entorno, debido a una tecnología de punta francesa que se está implementando en varios países”, señaló Raúl Bustamante.

En este sentido, no solamente se tendrían en cuenta los criterios y requisitos señalados por la CRA sino que, además, se acoge al Tratado de Basilea con el cual se han venido desarrollando este tipo de proyectos en Latinoamérica y Centroamérica, todo ello bajo la más estricta legalidad.

Compararon las indiscutibles ventajas de la planta industrial frente a la actividad artesanal. En esta última, “realizan los vertimientos de aceite de batería en el suelo, las partículas quedan esparcidas, los animales de patios recogen alimentos de esos mismos suelos y se intoxican, con riesgo para la salud humana. También ejecutan las operaciones en pozos de agua que alimentan a la población. Ellos son nómadas en el negocio por el bajo valor con el que trabajan y andan de un lugar a otro”, precisaron.

En cambio, con la novedosa planta industrial se cuenta con el uso de hornos y una complejidad de equipos que garantizan la limpieza del proceso en el cual no se utiliza el agua y los únicos recursos del medio ambiente son el suelo y el aire.

“Además, la disposición de los residuos se hará con empresas debidamente certificadas”, recalcaron.

A todo lo anterior se agrega el hecho que la eficiencia del proceso industrial es superior en 50% al del artesanal, lo que igualmente constituye un beneficio económico.

“Será la primera planta legal y visible en la Costa Caribe. Será visible ante las entidades y veedurías con mecanismos de fácil evaluación en cuanto a suelos, aire y agua, antes del proyecto y durante la operación del mismo”, indicaron los representantes del proyecto.

La materia prima del proyecto será, básicamente, las baterías de vehículos y el producto final tendría como potenciales clientes a los mismos fabricantes de baterías y para exportación.

Destacaron, además, las grandes ventajas socio-económicas del proyecto como es la utilización del puerto, la generación de empleos, el pago de impuestos y, sobre todo, “minimizar en gran medida la clandestinidad del negocio, porque se entra a regular el precio del producto”.

El proyecto, que demandaría una inversión de 1.5 millones de euros ($4.911 millones), se encuentra en fase de presentación y socialización, con el propósito de conocer las expectativas de la comunidad y autoridades locales, en cumplimiento de los requisitos señalados por la CRA.

También se contemplan talleres para la explicación en detalles de todos los procesos de mitigación del impacto, manejos, controles, seguimientos y compromisos, antes de presentarlo ante la CRA.

“Queremos hacerlo todo bajo la legalidad y con toda la seguridad del caso”, recalcaron.

De acuerdo con el cronograma preliminar, el plazo de ejecución sería de 24 meses, incluyendo estudios, diseños, ingeniería conceptual, fabricación de equipos, obras civiles, montaje y puesta en operación.